El Gobierno obligará a las operadoras a ofrecer 100 Mbps universales desde 2027

El Gobierno está terminando una reforma clave del Servicio Universal de telecomunicaciones que cambiará por completo su funcionamiento a partir de 2027. El nuevo marco elevará la velocidad mínima garantizada hasta los 100 Mbps, muy por encima de los 10 Mbps actuales, y obligará a todas las operadoras a ofrecer este servicio en su zona de cobertura.

Con este movimiento, Gobierno de España busca modernizar un sistema que llevaba años quedándose atrás frente a las necesidades reales de los usuarios, más allá de obligar a las operadoras a ofrecer 10 Mbps que se quedan muy atrás para las exigencias actuales. Además, pretende convertir el acceso a internet en un servicio más útil y adaptado a las tecnologías y necesidades actuales.

El Servicio Universal subirá a 100 Mbps y se extenderá a todas las operadoras

La nueva regulación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, forma parte de un Real Decreto en proceso de consulta pública impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital. Hasta ahora, el servicio universal estaba en manos de Telefónica, pero con este cambio todas las operadoras estarán obligadas a ofrecerlo dentro de su área de cobertura.

Esto también permitirá aumentar la competencia entre operadores y mejorar la oferta disponible para los usuarios de este tipo de servicios. También se busca que el ciudadano tenga más libertad a la hora de elegir proveedor y no estar obligados a una única compañía.

Este servicio garantiza desde 2005 que cualquier ciudadano pueda acceder a telefonía fija e internet, aunque en la práctica había quedado como una opción residual. La evolución ha sido lenta, pasando de apenas 1 Mbps hace unos años a los actuales 10 Mbps, cifras claramente insuficientes para el uso moderno. Con la nueva normativa, España aspira a situarse entre los primeros países en ofrecer 100 Mbps dentro del servicio universal. Esto supone un salto importante en calidad y prestaciones.

Descuentos del 25% y ampliación a hogares con Ingreso Mínimo Vital

Otra de las medidas clave será la ampliación del acceso a tarifas reducidas, obligando a las operadoras a aplicar un descuento mínimo del 25% sobre la tarifa estándar a los hogares con menores ingresos. Este beneficio ya existía, pero estaba limitado a pensionistas con ingresos bajos, lo que dejaba fuera a muchos colectivos vulnerables. Con esta reforma, el alcance del descuento será mucho mayor, llegando a otros usuarios con ingresos menores y que así también tengan derecho a este tipo de servicios.

Los descuentos se extenderán a todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que supone llegar a más de 800.000 hogares en España. Además, no solo los particulares podrán beneficiarse, ya que también se incluye el acceso para pymes, microempresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Esto amplía considerablemente el número de usuarios potenciales del servicio donde se pretende facilitar el acceso a internet como herramienta básica de trabajo y comunicación.

RTT, accesibilidad y nuevas obligaciones para las operadoras

El nuevo reglamento también introduce mejoras en accesibilidad, como la obligación de incorporar la función de Texto en Tiempo Real (RTT) en llamadas al 112 y otros servicios telefónicos. Esta tecnología permite escribir y leer mensajes en tiempo real durante una llamada, facilitando la comunicación a personas con dificultades auditivas o del habla. Con ello, se refuerza el carácter inclusivo del servicio universal, siendo una de las novedades más relevantes en este apartado.

Además de estas medidas, las operadoras deberán ofrecer los terminales adaptados para personas con discapacidad, incluyendo teléfonos de texto o videoteléfonos. Esta exigencia podría suponer un reto para algunos operadores que actualmente no comercializan dispositivos. También se les exigirá adaptar sus servicios a estas nuevas necesidades, garantizando que el acceso realmente universal y no dejando a nadie fuera.

Un modelo más abierto con participación de toda la industria

Con esta reforma, el Gobierno pone fin al modelo actual en el que una única operadora asumía el servicio, abriendo la puerta a un sistema más distribuido. A partir de ahora, todas las compañías deberán participar, lo que permitirá una mayor cobertura y disponibilidad del servicio. En zonas donde no exista cobertura suficiente, el Ministerio podrá designar operadores específicos mediante licitación, asegurando que ninguna región quede desatendida.

El objetivo es garantizar que el acceso a internet de calidad sea realmente universal, incluso en zonas rurales o con menor infraestructura. Para ello, se contempla también la participación de tecnologías como el satélite, con condiciones adaptadas como mayor latencia o posibles límites de descarga. Este enfoque híbrido permitirá cubrir más territorio, equilibrando la cobertura y viabilidad técnica de estos servicios.

Disponibilidad en 2027 y transición del modelo actual

El actual programa Conéctate 35, basado en conexión satelital finalizará en 2027, dando paso a este nuevo modelo más ambicioso. Con ello, el Gobierno pretende asegurar que el acceso a internet deje de ser un servicio básico limitado. La transición se realizará de forma progresiva para garantizar continuidad en el servicio, marcando un antes y un después en los servicios de conectividad en España.

A partir de entonces, el servicio universal pasará a ofrecer prestaciones mucho más acordes con el uso actual de internet. Esto incluye mejor navegación, streaming, calidad para elteletrabajo y acceso a servicios digitales esenciales. El nuevo marco pretende consolidar la conectividad como un derecho básico con un enfoque más moderno, inclusivo y competitivo.

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